Día Internacional de las Personas con Discapacidad: la falta de accesibilidad cognitiva en colegios electorales dificulta el ejercicio del derecho a voto a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

lecturafacilLas personas con discapacidad intelectual tienen derecho a votar.
Pero los colegios electorales no son accesibles.
Y eso dificulta que las personas con discapacidad intelectual puedan votar.
Por esta razón, Plena inclusión pide que se cumpla la ley.
Y que los colegios electorales y el proceso electoral
este adaptado para todas las personas con discapacidad.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y a punto de cumplirse el plazo dado por la Ley para garantizar la accesibilidad universal mediante ajustes razonales, Plena inclusión reivindica la necesidad de adaptar los procesos electorales y hacerlos accesibles a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, para garantizar su derecho al sufragio en igualdad de condiciones que el resto.

En las últimas Elecciones Generales, cerca de 400 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de entidades miembro de Plena inclusión, evaluaron la accesibilidad cognitiva en más de 200 colegios electorales en Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja.

Pese a que casi el 70% de las personas encuestadas fueron acompañadas y más del 90% ya habían ejercido su derecho a voto con anterioridad, -y por lo tanto conocían los colegios electorales y la práctica de voto en los mismos-, fueron muchas las personas que se encontraron con dificultades para comprender la información necesaria para ejercer su derecho a voto en igualdad de condiciones con las demás personas.

En este sentido, casi un 70% manifiestó no haber encontrado información que facilitase su llegada al colegio electoral que le correspondía. Asimismo, cerca de la mitad indicaron que no existía información facilitada sobre en qué horario se podía votar o alguna persona de apoyo que les explicase cómo hacerlo.

En relación a la elección de papeletas, casi un 70% aseguró que no fue fácil encontrar la papeleta del partido al que querían votar, y más de un 40% que la información contenida en las mismas no era fácil de comprender.

La diferenciación entre las papeletas al Congreso y al Senado, así como la dinámica de voto para la Cámara Alta no han sido fácilmente entendibles, ya que más de un 45% no comprendió la diferencia entre ambas papeletas y más de un 60% no entendió las instrucciones para rellenar la papeleta del Senado.

Por todo ello, Plena inclusión manifiesta la necesidad de cumplir con los artículos 9 (Accesibilidad) y 29 (Participación en la vida política y pública) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando la accesibilidad en los procesos electorales, ya que de no hacerlo, el ejercicio efectivo de derecho a voto no estaría garantizado. Y es que la dificultad de comprender los colegios electorales, el proceso de voto y la información relativa, imposibilita que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones con el resto de las personas, y que se garantice que este voto sea secreto.

En este sentido, aunque Plena inclusión valora el reciente compromiso de los grupos parlamentarios con el cambio de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de asegurar el voto de todas las personas con discapacidad, cree importante señalar que de nada servirá este derecho si realmente no se puede ejercer con todas las garantías de comprensión. Este ejecicio del derecho al voto es sólo un ejemplo de cómo la accesibilidad cognitiva es una llave que permite a muchas personas desarrollar su plena ciudadanía. Por ello, Plena inclusión –sumándose al Manifiesto del CERMI por el 3 de diciembre–, ve necesario que se cumplan de una vez por todas los compromisos de accesibilidad universal establecidos por la legislación y que, además, esta legislación (el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) pueda incorporar de alguna forma la accesibilidad cognitiva de forma específica, y con su  consiguiente desarrollo legislativo.

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