Plena inclusión CLM y centros penitenciarios analizan el trabajo conjunto que desarrollan en la región

Plena inclusión CLM ha mantenido su encuentro anual de coordinación con responsables de los centros penitenciarios de la región, una cita ya consolidada que permite revisar el trabajo conjunto que ambas instituciones desarrollan para mejorar la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo privadas de libertad.

En la reunión participaron las directoras de los centros penitenciarios de Albacete, Elena Rojo; Alcázar de San Juan, Miriam Pérez; Herrera de la Mancha, María José Muñoz; Ocaña I, Zoraida Estepa; y la subdirectora de Ocaña II, Leticia Devega, junto a otras profesionales vinculadas a dichos centros.

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha asistieron el director gerente de la federación, Daniel Collado; así como Julia Villarrubia, técnica del programa de Reclusos y ex reclusos; María Luisa Escudero, responsable de la Asesoría Jurídica y Formación Interna; Álvaro Cuenca, del Programa de Reclusos en Albacete y Antonio Rubio, responsable de Acceso a la Justicia.

Necesidades y fortalezas

Durante la reunión se analizaron las principales necesidades detectadas, las fortalezas del trabajo coordinado y las oportunidades de mejora para seguir garantizando una atención ajustada a las necesidades de este colectivo.

Uno de los temas centrales fue la identificación de posibles casos de discapacidad intelectual y del desarrollo no reconocida entre personas internas mayores de edad. En este sentido, Plena inclusión CLM reiteró su disposición a seguir colaborando en la valoración técnica especializada y en el acompañamiento para la tramitación del reconocimiento oficial del grado de discapacidad cuando existan indicios suficientes.

Asimismo, se subrayó la importancia de incorporar la perspectiva de discapacidad en los procesos de tratamiento, reeducación y reinserción social, dada la especial situación de vulnerabilidad de estas personas.

Plena inclusión CLM desarrolla en los centros penitenciarios actuaciones como intervenciones individuales y grupales, valoración de necesidades de apoyo, acciones de sensibilización y formación al personal penitenciario, promoción de la accesibilidad cognitiva y acompañamiento en procesos de inclusión social.

Durante la jornada también se presentó la oferta formativa dirigida a profesionales penitenciarios sobre derechos de las personas con discapacidad, detección de necesidades específicas de apoyo, accesibilidad cognitiva, facilitación procesal y acceso a la justicia.

Asimismo, se expusieron las principales líneas del programa de Acceso a la Justicia y el funcionamiento del Servicio de Apoyo a Familias (SAF), a través de su coordinador en la federación castellanomanchega, Carlos Díaz. Este servicio ofrece orientación y acompañamiento tanto a las personas internas con discapacidad intelectual y del desarrollo como a sus familiares.

Asimismo, Ricardo Barceló, responsable del servicio Entorno Fácil, dio a conocer esta iniciativa de accesibilidad cognitiva desarrollada en la federación, aportando información sobre sus objetivos y funcionamiento.

En el trascurso de la reunión, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de seguir consolidando recursos y reforzando la coordinación para garantizar los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en contextos de especial vulnerabilidad.

Con este encuentro, Plena inclusión Castilla-La Mancha e Instituciones Penitenciarias reafirman su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para garantizar los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en contextos de especial vulnerabilidad.

Sobre Plena inclusión Castilla-La Mancha

Plena inclusión Castilla-La Mancha es una federación que agrupa a 65 asociaciones de familias en la región y representa a más de 9.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con el trabajo de 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 250 centros, su misión es mejorar la calidad de vida del colectivo, defender sus derechos y promover su plena inclusión en la sociedad.

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